La discusión sobre derechos humanos y migración se ha intensificado en Costa Rica, América Latina y el resto del mundo a lo largo de 2025, con gobiernos, organismos de la ONU, tribunales y sociedad civil enfrentando decisiones que afectan el acceso al asilo, la seguridad en fronteras y los derechos laborales. Según estimaciones de la OIM y ACNUR, hay más de 280 millones de personas migrantes internacionales y más de 100 millones de desplazadas forzosamente, cifras que ilustran la urgencia del tema. Importa porque define quién recibe protección, bajo qué garantías procesales y cómo se reparte la responsabilidad internacional.
La base jurídica combina instrumentos universales y regionales. Destacan la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Mundial sobre los Refugiados (2018) y el Pacto Mundial sobre la Migración (2018). En las Américas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Cartagena han ampliado criterios de protección y orientan políticas nacionales.
El primer gran eje es la securitización y la externalización de fronteras. La tensión entre soberanía y obligación de no devolución (non‑refoulement) atraviesa acuerdos que delegan el control migratorio a terceros países y prácticas de pushbacks documentadas por organismos internacionales y tribunales. El riesgo: crear zonas de baja o nula protección donde se vulneran derechos básicos y se diluye la responsabilidad estatal.
Un segundo frente es la criminalización de la movilidad y de la asistencia humanitaria. Procesos penales contra tripulaciones de rescate y ONG, o leyes que penalizan ayudar a personas en tránsito, erosionan el principio de solidaridad y pueden comprometer el derecho a la vida. Varias cortes han subrayado que perseguir a quienes salvan vidas desincentiva operaciones de búsqueda y rescate esenciales.
El acceso al asilo y las garantías procesales constituye el tercer nudo del debate. Se han endurecido criterios de inadmisibilidad, reducido plazos y extendido plataformas que gestionan solicitudes desde el exterior. Programas de devolución y figuras como el “tercer país seguro” han limitado el examen individual, aumentando el riesgo de devolución a persecución y decisiones aceleradas sin evaluación de vulnerabilidades.
La detención administrativa es el cuarto punto crítico. Persisten centros con condiciones inadecuadas y detenciones prolongadas, incluso de niños, niñas y familias, con impactos psicosociales y sanitarios documentados. Crecen las propuestas de alternativas a la detención —acompañamiento comunitario, fianzas proporcionales y regularización temporal— que resultan menos costosas y más respetuosas de derechos.
Quinto: derechos laborales, abuso en el trabajo y cadenas de valor. Migrantes y refugiados suelen emplearse en agricultura, construcción, limpieza y servicio doméstico, a menudo bajo condiciones inestables. La solución implica inspección a empleadores, diligencia empresarial y acceso real a mecanismos de queja; la regularización podría disminuir el abuso laboral, según datos comparativos.
Sexto: integración y ciudadanía. Modelos asimilacionistas versus multiculturalistas, requisitos lingüísticos y pruebas de arraigo condicionan resultados en empleo y cohesión social. Experiencias de regularización masiva en América Latina para personas venezolanas y procesos en Europa muestran que los programas bien diseñados mejoran la inserción laboral y la recaudación fiscal.
Séptimo: género, orientación sexual e interseccionalidades. Identificar la persecución debido a violencia de género o por orientación e identidad sexual continúa siendo un desafío en la práctica. Mujeres, niñas, personas LGBTIQ+, menores no acompañados y familias divididas necesitan protecciones específicas, desde atención médica y legal con perspectiva de género hasta rutas seguras y alojamientos adecuados.
Octavo: migración climática y vacío de protección. El asilo clásico se centra en la persecución, no en desastres ambientales. Comunidades de islas bajas del Pacífico, zonas costeras y áreas con eventos extremos enfrentan desplazamientos crecientes. Se discuten marcos complementarios y mecanismos de reubicación que combinen mitigación, adaptación y movilidad segura sin incentivos perversos.
Noveno: tecnología, vigilancia y protección de datos. La expansión de biometría, sistemas interoperables y acuerdos de intercambio de datos eleva riesgos de discriminación algorítmica, perfilamiento y uso secundario de información sensible. Se reclama proporcionalidad, transparencia, límites de retención y control judicial independiente.
Décimo: patriotismo, miedo al extranjero y diálogo social. Historias que vinculan migración con falta de seguridad o falta de empleo promueven medidas limitantes y agresiones. La investigación sociológica indica que las crisis económicas o de salud coinciden con aumentos de sentimientos xenófobos; enfrentarlas requiere iniciativas informativas, formación ciudadana y acción comunitaria.
Los ejemplos recientes más comentados destacan el Mediterráneo central, con miles de muertes durante las travesías y disputas legales sobre la responsabilidad de desembarcar en un puerto seguro; la frontera México–Estados Unidos, caracterizada por medidas de control y cambios regulativos que afectan a los solicitantes de asilo; la crisis venezolana, que ha impulsado permisos temporales y acuerdos regionales; y la situación de los rohingya en Myanmar, central en los debates sobre apatridia y genocidio. En todos los casos, la constante es la tensión entre la gestión migratoria y el principio de no devolución.
Entre las propuestas basadas en derechos se prioriza: acceso efectivo al asilo (asistencia jurídica, interpretación y evaluación de vulnerabilidades); alternativas a la detención y prohibición de detener a menores; vías legales y seguras (visados laborales, reubicación, programas humanitarios y reunificación familiar); garantías de trabajo decente y seguridad social; reglas claras de protección de datos con auditorías; cooperación regional con reparto de responsabilidades; y mecanismos para el desplazamiento climático con enfoque de justicia climática.
Quedan tensiones éticas y legales sin resolver. ¿Hasta dónde puede un Estado restringir derechos por seguridad o razones económicas sin violar sus obligaciones internacionales? ¿Cómo asignar responsabilidades compartidas cuando se externaliza la gestión? ¿Qué equilibrio mantener entre soberanía y protección internacional en crisis aceleradas? Las respuestas de los próximos años marcarán si prevalece la dignidad humana o se amplían zonas de vulnerabilidad.
