Costa Rica ha emergido como el país en América Latina con el incremento más significativo de millonarios extranjeros residentes en la última década, de acuerdo con un reporte de la consultora Henley & Partners. Este fenómeno, motivado por un atractivo sistema tributario y la búsqueda de una calidad de vida superior, ha causado un auge en el mercado de propiedades de lujo, pero también intensifica la desigualdad y provoca tensiones sociales debido al desplazamiento de las comunidades locales en áreas de alta demanda.
Según el documento Traslado de Riqueza Privada 2025, realizado por la firma Henley & Partners, Costa Rica reportó un aumento del 72% en su cantidad de millonarios en los últimos diez años (2014-2024), posicionándose en el sexto puesto en la clasificación global. El análisis considera a un millonario como alguien que posee más de 1 millón de dólares en activos líquidos e invertibles. Se calcula que cerca de 8.400 individuos con alto patrimonio han emigrado al país y se prevé la llegada de 350 adicionales durante el año 2025.
El gran salto migratorio se produjo después de la pandemia, un hito que, según Andrés Riggioni, socio director de la firma inmobiliaria de lujo The Agency Costa Rica, marcó un antes y un después. Este «efecto pandemia» generó un cambio de mentalidad global entre quienes poseen los fondos para elegir dónde vivir, lo que ha impulsado un boom en la construcción y compra de propiedades de lujo, especialmente en zonas costeras, con inmuebles que han duplicado su valor en pocos años.
Entre los principales atractivos para este grupo se encuentra el sistema impositivo costarricense. Andrew Amoils, jefe de investigación de New World Wealth, destaca que el país no cobra impuestos sobre las ganancias de capital obtenidas en el extranjero. Además, la tasa máxima de impuesto sobre la renta es de un 25%, considerada relativamente baja, y no existe un impuesto a la herencia. A esto se suma la llamada «visa dorada», que facilita la residencia a extranjeros que inviertan al menos 150.000 dólares en bienes raíces.
El tipo de los recientes residentes es diverso. Vienen sobre todo de Estados Unidos y Canadá, aunque también de Europa y, cada vez más, de naciones latinoamericanas como México, Colombia o Venezuela. No solo hablamos de jubilados, sino también de «semi-retirados» mayores de 40 años que gestionan sus negocios de manera remota y una nueva generación de criptomillonarios. Un ejemplo es el pueblo costero de Santa Teresa, conocido como «Silicon Beach», donde ya no hay propiedades disponibles en primera línea de playa.
No obstante, esta afluencia considerable de inversiones ha traído consigo serios impactos en la sociedad. En la región de Guanacaste, símbolo del auge, el costo de los inmuebles se incrementó hasta un 400% entre 2017 y 2023, de acuerdo con datos del Observatorio de Turismo de la Universidad Nacional. Este aumento de precios afecta de manera directa a los residentes locales. Daniela Córdoba, experta de la Universidad de Costa Rica, menciona la formación de «enclaves de lujo» en áreas donde la pobreza es significativa, como la Región Chorotega, que presenta un 24,5% de personas viviendo en condiciones de pobreza.
Este proceso, denominado gentrificación, resulta en el desalojo de las comunidades autóctonas, incapaces de afrontar los costos de la vivienda o la comida. Se han formado agrupaciones ciudadanas que se oponen a lo que describen como una «invasión» en las áreas costeras. La experta en salud pública Isabel Muñoz Beaulieu ha destacado la contradicción de que Guanacaste posea la mayor cantidad de viviendas desocupadas en el país, mientras que uno de cada diez de sus residentes reside en asentamientos informales.
La creciente tensión social se agrava con un empeoramiento en la seguridad. Un reporte publicado en junio por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó que «el incremento de la violencia y el crimen podría tener un impacto desfavorable en el turismo y en la llegada de inversión extranjera directa». Esta opinión es también sostenida por el Centro de Estudios del Turismo (CET), que identifica la inseguridad como el mayor peligro para la industria.
A nivel regional, el documento de Henley & Partners indica que, aunque Costa Rica, Panamá y las Islas Caimán exhiben un incremento notable en la llegada de personas adineradas, naciones como Colombia, Brasil y Argentina han experimentado una disminución en la migración de individuos con elevado patrimonio.
